Nuestra Historia
La constituyente juvenil es un escenario de participación ciudadana que propone formas alternativas de relación democrática entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Se enmarca dentro de la política de diálogo social que se viene implementando en el departamento y apunta a fortalecer los procesos de gobernabilidad democrática, a partir procesos permanentes de diálogo y concertación en diversos niveles y con múltiples actrices y actores de la sociedad sobre temas fundamentales que atañen con el desarrollo del departamento.
Este escenario es el resultado de un proceso de participación de los y las jóvenes en el Departamento que fueron agenciados con el apoyo de la gobernación, aproximadamente desde el año 2000 y es durante la administración del Angelino Garzón cuando se concreta a partir de la política de diálogo social y del surgimiento de la Constituyente Social. Su operación ha tenido diversas expresiones, algunas de ellas son la inclusión en el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 del proyecto estratégico “La Juventud Si cuenta”, producto de la formulación en 2004 del Plan de Desarrollo Juvenil. De igual forma, la formulación en 2005 de la política Departamental de Juventud y del Plan Estratégico 2005-2015.
Sin embargo, en la ciudad de Buenaventura su estructura y funcionamiento ha sido claramente acordada por parte de las actrices y actores involucrados, lo cual de continuar puede llevar a la ampliación y fortalecimiento de recursos y esfuerzos. Esta necesidad, responde al imperativo de garantizar la adopción e implementación y seguimiento de la política Distrital de Juventud, capitalizando los avances logrados durante los últimos años en materia de diálogo social y participación ciudadana.
Por otra parte, los y las jóvenes de la ciudad consideran fundamental ampliar la operación de Constituyente Social a las dinámicas territoriales de la ciudad. En síntesis, una plataforma territorial de la constituyente juvenil en las Comunas y Corregimientos (Mesas Territoriales de Juventud) es un mecanismo para cumplir con los mandatos constitucionales que apuntan a consolidar procesos sólidos y sostenibles de gobernabilidad democrática que contribuyen a los propósitos de un Estado Social de Derecho (CN, Art. 1, 2, 3 y 103)[1].
[1] Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Art. 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
Art. 103. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.